Desde el año 2006, México vive una incesante situación de inseguridad pública y una expansión del crimen organizado que ha incrementado significativamente los delitos, así una sistemática violación a los Derechos Humanos y las denuncias por la impunidad estructural en que estos hechos permanecen.
Frente a esta situación de violencia, las propias víctimas sobre todo las del Estado de Morelos y se agruparon para dar vida al “Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad” y a partir del año 2011 se organizaron junto con organizaciones de la sociedad civil, para impulsar acciones sociales, jurídicas y políticas; así como de resistencia civil no violenta, con el propósito de presionar para la elaboración y aprobación de una ley que pudiese servir de herramienta para convertir a las personas víctimas en sujetos de derechos y con ello garantizar su debida protección y efectivo acceso a la justicia.
Como fruto de este esfuerzo se crea la Ley General de Víctimas (LGV) la cual entró en vigor el 9 de enero del 2013. Por su carácter de “Ley General” debe ser aplicable en todo el territorio nacional y por todas las autoridades competentes para atender a las víctimas, tanto a nivel federal como a nivel estatal y municipal.
Para el Estado de Morelos, el 17 de julio de 2013, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5105, segunda sección, la denominada “Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos” (en adelante Ley de Víctimas), la iniciativa que suscribe el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, mediante la cual expuso su preocupación respecto de las acciones criminales que quedan sin respuesta, ya sea por la ausencia de la denuncia de las víctimas, en un acto de renuncia a sus derechos imposible de evitar o por la propia insuficiencia o ineficacia de las instituciones.
